miércoles, 11 de agosto de 2010

El COTI y Su Impacto En La Actividad Inmobiliaria

La resolución general Nº 2371 de la AFIP, que reglamenta el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) y que rige desde 2007, contiene disposiciones que perjudican la dinámica del mercado de bienes raíces y a los corredores inmobiliarios, al establecer obligaciones a cargo de éstos en los casos en que se intervenga en las operaciones alcanzadas por la citada resolución (Arts. 7, 8, 9, 11 y 13, RG 237107 de la AFIP). Uno de los aspectos más gravosos es la imposición de sanciones por el incumplimiento total o parcial del deber de informar, Art. 39 y ccs., ley 11683 de procedimiento tributario.
Eso se contrapone a la afectación del deber de guardar secreto (Art. 36, inciso J), ley 25028, que rige para los corredores inmobiliarios, obligándoles a proporcionar datos e información de sus clientes. Además limita severamente la libertad del ejercicio pleno de su profesión y el derecho a trabajar, ya que la implementación de las exigencias establecidas para las inmobiliarias conlleva que la mayoritaria y pertinaz resistencia que provoca en los vendedores y compradores la adhesión al COTI, haya originado una masiva deserción de los clientes habituales de las inmobiliarias, con la consecuente proliferación de un mercado paralelo que deriva las operaciones hacia quienes ejercen la actividad en forma ilegal, sin matrícula habilitante.
Estas personas causan graves perjuicios a quienes inadvertidamente confían en ellos sus operaciones, no pagan impuestos, no facturan y además afectan no sólo al corredor matriculado que se ve privado de clientes y de ingresos legítimos, sino a la propia AFIP que pierde recaudación en vez de asegurarla. Además provoca la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Por otra parte existe un exceso al deber de colaboración e información exigible a los corredores inmobiliarios respecto de la publicidad de la venta de inmuebles cuyo precio supere los $ 300.000 (prácticamente el 90%) toda vez que su cumplimiento no dependa de su voluntad, sino de que los vendedores acepten o no la RG Nº 2371.
Si éstos se niegan a registrar previamente la venta por medio del COTI, el profesional inmobiliario se ve imposibilitado de gestionar su comercialización ya que no puede publicitar esos inmuebles, en cuyo caso cada vez tiene menos propiedades para la venta con el perjuicio irreversible que conlleva, y si lo hace es sancionado por causas ajenas a su voluntad de cumplir con la RG 2371 ya que el COTI depende de los propietarios y no de los corredores inmobiliarios.
O sea, la espada o la pared, con el riesgo de la desaparición de gran cantidad de inmobiliarios que cada vez tienen menos para vender, sobre todo en el interior, situación que se agravará más aún con la extensión del COTI a las locaciones a partir de este mes.
La derogación o modificación del COTI es fundamental para regularizar el mercado inmobiliario que está sufriendo las consecuencias de esta norma, que dificulta o directamente impide la comercialización de numerosos inmuebles, justo en un período de reactivación.
A más de dos años de su implementación, la RG 2371 dista de haber sido exitosa, por lo que su persistencia requiere indispensables reformas, las que, manteniendo la fiscalización de la AFIP sobre la escrituración de inmuebles, lo haga sin afectar derechos y garantías constitucionales, y sin dificultar la dinámica del mercado inmobiliario y de sus profesionales.

Fuente: Por José Gordillo y Raúl Sironi Para LA NACION

Los autores son el presidente y secretario general, respectivamente, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA)

viernes, 6 de agosto de 2010

Abao Nuevo Valor Del Aporte Minimo Mensual

SERA DE $ 420, A PARTIR DE SETIEMBRE
El ABAO que cada afiliado abona mensualmente, como sostén inmediato del financiamiento de la Caja, ha tenido un incremento en el corriente año del 16,67% que lo llevará a partir de setiembre (con pago en octubre) a $ 420.
Con ello se trata de compensar los nuevos costos operativos propios y de las jubilaciones, en el primero de los casos por la inflación prevista para el 2010, indicada por los estamentos económicos no oficiales en un 25 % promedio, y en lo demás, por el aumento habido en las prestaciones, que alcanza en el año al 26 %, ya que la jubilación básica será de noviembre en adelante de $1.700 mensuales.
Como puede observarse ese incremento es insuficiente en sí mismo, pero se logra el equilibrio contable con el recupero de deudas en mora, desde el agresivo programa de cobro implementado por la Caja, desterrando así el viejo concepto del “tonto que paga“ y el “inteligente que se beneficia”, poniendo equidad en la obligación legal del aporte, ya que quien paga es el que gana.
Somos conscientes del esfuerzo que origina el pago contemporáneo de las obligaciones previsionales, pero el mismo vale la pena ya que su resultado está a la vista.
Independientemente de las prestaciones jubilatorias, también la Caja asegura al aportante créditos hipotecarios y personales de muy fácil acceso y subsidios familiares y por enfermedad cuyos montos periódicamente se equilibran.
SU APORTE HACE QUE LA CAJA MANTEGA SU CRECIMIENTO DISTRIBUTIVO.
GRACIAS POR SU ESFUERZO
H. Consejo Superior

La Plata, 4 de agosto del 2010.

jueves, 5 de agosto de 2010

Habilitación Municipal Todo Lo Que Hay Que Saber

Un fondo de comercio son instalaciones, nombre, antigüedad, clientela, reputación, insignia, marca, derecho al local en el caso que sea fundamental para el funcionamiento del mismo lugar físico donde se desarrolla la explotación del comercial, asiento del fondo de comercio, todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial y fundamentalmente es la habilitación municipal. Ahora bien, a la hora de una transacción, tanto el vendedor como el intermediario de la operación deben darle al comprador todas y cada una de las seguridades. El primer punto a tener en cuenta es la publicación de edictos, normada por la Ley 11867. El profesional matriculado interviniente deberá publicar en el Boletín Oficial de la Capital federal o provincia respectiva y en otro diario o periódico del lugar en que funcione el comercio, debiendo indicarse en este aviso nombre y domicilio del vendedor, del comprador, y del matriculado interviniente, y especificar fundamentalmente y con extremada atención todos y cada uno de los datos que figuran en la habilitación , a saber rubros, códigos, dirección exacta del locales cuestión y número de expediente. De esta manera el comprador se asegura de hacer una transacción que tenga efectos hacia terceros, o sea libre de toda deuda. Pero además resguarda su inversión el comprador, y con la publicación de la Ley antes mencionada, se asegura el derecho a poder transferir la habilitación municipal que el establecimiento posea.

Para poder obtener la habilitación el comprador deberá contar con la siguiente documentación: fotocopia del título de propiedad o contrato de locación o cesión de uso – estos datos últimos con firmas certificadas-, fotocopia de inscripción de ingresos brutos y último recibo de pago del mismo, fotocopias de inscripción de DGI, fotocopia del DNI del comprador el cual será el nuevo titular de la habilitación municipal- fotocopia del reglamento de copropiedad – si pertenece a una propiedad horizontal – fotocopia del estatuto social – si fuese necesario acta de designación de autoridades, con firmas certificadas – en el caso que el comprador sea una sociedad en vez de una persona física, fotocopia del último recibo de ABL, si hay apoderado fotocopia del poder que lo habilita para tal función, plancheta y libro de actas existentes, cese de ingresos brutos del vendedor en el domicilio del comercio en cuestión dado que es un instrumento fundamental y absolutamente necesaria para llevar a cabo la transferencia de la habilitación en cuestión. El intermediario matriculado es solidariamente responsable conjuntamente con el vendedor frente al comprador de que este pueda obtener el permiso tan codiciado, debiendo garantizarle y poniendo a disposición toda la documentación necesaria.

Fuente: Mario O. Suarez y Paola A. Quiiroles. Clarín 3 de Agosto de 2010

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