miércoles, 29 de febrero de 2012

Los controles sobre el dólar frenaron la venta de inmuebles.


Con un mes de retraso, los nuevos controles cambiarios se hicieron sentir en el mercado inmobiliario. De acuerdo con el relevamiento que hace el Colegio de Escribanos porteño, en diciembre del año pasado las ventas de propiedades en la Capital Federal tuvieron una baja del 10,4% en relación con el mismo mes de 2010, en lo que constituye la caída interanual pronunciada en más de dos años.
En el mercado inmobiliario no dudaron en explicar la caída en las ventas a partir de los nuevos controles cambiarios que entraron en vigor el 1° de noviembre de 2011. En este sentido, los operadores del rubro señalaron que en el primer mes de vigencia no se había sentido un impacto en la demanda -de hecho, el número de escrituraciones tuvo en noviembre de 2011 un alza interanual del 1,3%- debido a que las operaciones ya estaban en marcha y los compradores que firman la escritura durante esos días, en la inmensa mayoría de los casos, ya contaba con los dólares en la mano.
Según los datos del Colegio de Escribanos, en diciembre se concretaron 6320 ventas de inmuebles en la Capital Federal por $ 2898,7 millones, en lo que constituye una suba en pesos del 5,3%, aunque la caída en el número de escrituras superó el 10%. En tanto, el año cerró con un alza del 2,8% en el número de operaciones.
Los escribanos porteños no dudaron en definir los resultados de diciembre como "un punto de quiebre del movimiento expansivo" que el sector evidenciaba desde mayo pasado, después de registrar una leve baja (del orden de 1,3%) en abril. De hecho, para encontrar una caída más pronunciada que la de diciembre pasado hay que retrotraerse hasta octubre de 2009, cuando la demanda tuvo un descenso del 24% en plena crisis financiera internacional.
La última baja, sin embargo, no se puede atribuir a factores externos y los propios escribanos destacaron que la retracción de la demanda se debía a los controles oficiales para contener la fuga de divisas. "Al parecer, el nuevo régimen de control de cambios que en forma conjunta pusieron en práctica la Administración Federal de Ingresos Públicos, con la convalidación previa de la de compra de dólares o euros por parte de los ahorristas e inversores, y del Banco Central de la República Argentina, al establecer nuevas normas a los bancos, alteró la fluidez con la que se movía el mercado inmobiliario", apuntó el informe del Colegio de Escribanos.
En la misma línea, en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires (Cucicba) coincidieron en destacar que el panorama "se complicó" a partir de la entrada en vigor de los nuevos controles para la compra de dólares. "Siempre que hay elecciones presidenciales se nota cierta retracción del mercado, pero esta vez, cuando la demanda se empezaba a recuperar después de los comicios de octubre, se anunciaron los nuevos controles cambiarios y el mercado se complicó", reconoció Hugo Mennella, presidente de Cucicba.
En el sector esperan que a partir de marzo se registrara cierta reactivación de las ventas, aunque tampoco son demasiado optimistas.
"Enero y febrero son tradicionalmente meses más tranquilos, con lo que todas las esperanzas ahora están puestas en lo que pueda suceder en el mercado a partir de marzo y abril. Igualmente, las perspectivas no son tan favorables si se tienen en cuenta no sólo los nuevos controles cambiarios sino también la obligación que rige a partir de enero de que las inmobiliarias informen a la UIF [Unidad de Información Financiera] sobre las operaciones mayores a 140.000 dólares", explicó José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario.

PRECIOS SIN CAMBIOS

El dato más positivo para los operadores inmobiliarios es que, a pesar de la baja en las ventas, los precios continúan estables. De hecho, según un relevamiento realizado por el Instituto de Economía de la UADE, en noviembre, en algunos barrios porteños como Recoleta o Núñez hubo bajas de hasta 1% en las propiedades a estrenar frente a la medición de agosto, aunque estas caídas fueron compensadas por las subas en otros zonas de la ciudad, como Palermo o Belgrano.

Fuente: Por Alfredo Sainz, LA NACION, 29 de febrero de 2012


lunes, 13 de febrero de 2012

CAMBIO DE HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO AFIP

La AFIP impone nuevo horario de atención al público en todo el país. Las dependencias abrirán hasta el 30 de abril de 10 a 18. La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos ya anunció una nueva medida de fuerza. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hizo valer la plena vigencia –del nuevo y unificado horario en todo el país de la jornada laboral de 10 a 18 o de 9 a 17 (según época del año) y además coincidente con el horario de atención al público. Según informa Mario Goldman Rota, desde Tributum.com, diversas dependencias de todo el país abrirán desde este EL 10 de febrero y hasta el 30 de abril próximo de 10 a 18 inaugurando la jornada con un retiro de los lugares de trabajo en las últimas tres horas (algunas seccionales anticiparon que será desde las 16). La disputa judicial quedó zanjada con el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones dándole la razón al fiscal nacional para que aplique la disposición 455/2011 que modifica la grilla de horarios. Ante tal escenario, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) emitió un reciente comunicado en el cual destacan la ampliación del horario de atención al público en dos horas y la no consideración de “tener en cuenta la realidad cultural y climática de los compañeros y compañeras del interior del país”, asimilándola a aquella de a ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: 10/02/2012 - www.iprofesional.com
 

domingo, 12 de febrero de 2012

Ley 14333 período fiscal 2012


Actualización Impositiva
CÓDIGO FISCAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2012
LOCACIÓN DE INMUEBLES
La ley 14333 de la provincia de Buenos Aires, a partir del periodo fiscal 2012, limita el alcance de la excepción que existía para la actividad de locación de inmuebles.
Pasan a quedar NO alcanzados por el impuesto, en vez de 2 inmuebles, un inmueble y con la condición de que su destino sea de vivienda. Asimismo se disminuye el importe a partir del cuál opera este tratamiento a $ 4.500 o $ 54.000 anuales.
Por otra parte las alícuotas para periodo fiscal 2012 serán de acuerdo a la actividad,
701090- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados, asciende al 6%
701020- Servicios inmobiliarios para uso residencial por cuenta propia, con bienes propios o arrendados, esta alcanzada al 3.5%

Fuente: Dr. Jorge Mesiano Contador Público  5 de Febrero de 2012

Inmuebles en la Web

A la hora de comprar un inmueble, el 82 por ciento lo busca por internet
Así lo revela un sondeo privado. La web, a través de la visualización de fotos de las propiedades, ayuda a los potenciales compradores a decidirse. Además, según la encuesta, la mayoría eligió al barrio de Caballito como el de su preferencia.
El 82 por ciento de las personas que compraron inmuebles en el último año lo hicieron consultando la web para buscar unidades y observarlas previamente antes de realizar la visita física al lugar, según se estableció en un relevamiento privado.
El buscador inmobiliario Argenprop.com informó que la mayoría de los internautas eligió al barrio de Caballito como el de su preferencia, dentro de la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que la mayoría de los compradores de inmuebles fueron adquiridos por personas mayores de 35 años.
La utilización de internet para buscar propiedades permitió a los usuarios ver fotos, mapas y videos del inmueble.
Del porcentaje relevado, el 90% de los usuarios afirmó que la visualización de fotos de las propiedades y de los ambientes que la componen, les sirvió para decidirse a realizar la operación.
Dentro de lo más valorado por los consultados se encuentra la posibilidad de ver la descripción detallada de las propiedades, comparar precios con otros inmuebles de similares características y la utilización de mapas virtuales para ver donde están ubicadas las propiedades, se indicó.
El 48% de las personas busca casas y el 34,61% busca departamentos.
Las personas eligen casas y departamentos para vivir, por sobre los PH y los Countries, sobre todo aquellos que tengan dos dormitorios o más y que no tengan más de 25 ó 30 años de antigüedad.
Al momento de elegir un barrio o una localidad para vivir, el 90% de los encuestados lo hace porque le gusta y porque se siente cómodo en ese lugar.
Asimismo, otro ítem a destacar es la seguridad, el cual es elegido por un 25% de las personas, así como también la disponibilidad de los medios de transporte, que tiene un peso importante a la hora de decidir un lugar para vivir.
Este punto guarda concordancia con la elección de los barrios favoritos dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Con casi 20% de los votos, Caballito es el barrio top a la hora de conjugar gustos, seguridad y transporte, seguido por Belgrano con el 17,4% y Palermo con el 16,4%.
En tanto, en el Gran Buenos Aires la zona favorita esla Norte con el 61% de los votos.

Fuente: Infobae 07-01-12 | Sociedad

lunes, 6 de febrero de 2012

Resolución 16/2012 - Leyes Nº 25.246 (B.O. 10/5/2000), Nº 26.683 (B.O. 21/6/2011), Nº 26.734 (B.O. 28/12/2011)

Unidad de Información Financiera

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 16/2012
Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier
tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas
exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20,
inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Bs. As., 25/1/2012 (BO 27/01/2012)
VISTO el Expediente Nº 5807/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 25.246 (B.O. 10/5/2000), Nº 26.683 (B.O.
21/6/2011), Nº 26.734 (B.O. 28/12/2011); los Decretos Nº 290/07 (B.O. 29/3/2007) y Nº 1936/10 (B.O. 14/12/2010), las Resoluciones UIF Nº 125/09 (BO 11/5/2009); Nº 11/11 (B.O.), 14/1/2011); Nº 50/11 (B.O. 1/4/2011); Nº 51/11 (B.O. 1/4/2011); Nº 70/11 (B.O. 30/5/2011); Nº 165/11 (B.O. 17/10/2011); Nº 220/11 (B.O. 1/12/2011), y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 6º de las Leyes Nº 25.246 y sus modificatorias y Nº 26.734 esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA es el Organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal) y de Financiación del Terrorismo (artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal).
Que el inciso 2 del artículo 13 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias establece que es
competencia de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del MINISTERIO PUBLICO, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Que, a esos efectos, la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias enumeran en su artículo 20 una serie de Sujetos Obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Que los Sujetos Obligados, entre los que se encuentran enumerados —en el inciso 19. del artículo 20 de la citada Ley—, LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS
MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS, deben cumplir con las disposiciones de los artículos 14; 20 bis; 21 y 21 bis de la Ley Nº 25.246, conforme la reglamentación dictada por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento
Que el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias define el contenido del deber de informar que tienen los Sujetos Obligados; prescribe que la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los mismos cumplirán ante ella el deber de informar establecido por el artículo 21 de la mencionada ley y dispone que los Sujetos Obligados constituidos como Personas Jurídicas deberán designar un Oficial de Cumplimiento.
Que en el inciso a. del artículo 21 precitado, se establecen las obligaciones a las que quedarán sometidos los Sujetos Obligados disponiéndose asimismo que la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA fijará el término y la forma en que corresponderá archivar toda la información.
Que el inciso b. del artículo 21 define el concepto de operación sospechosa y dispone que la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberá establecer, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de informarlas, para cada categoría de obligado y tipo de actividad.
Que, a su turno, el inciso c. del mencionado artículo dispone que los Sujetos Obligados
deberán abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la ley.
Que el artículo 21 bis de la Ley Nº 25.246, y sus modificatorias, define el concepto de
“cliente”; y establece que los Sujetos Obligados deberán requerir a sus clientes cierta
información mínima, a los efectos de su identificación; adoptar medidas adicionales razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes; prestar especial atención a las transacciones realizadas por las Personas Expuestas Políticamente; contar con un manual de procedimiento de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo; designar un Oficial de Cumplimiento; conservar la
información y reportar los “hechos” u “operaciones sospechosas” de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo observando los plazos establecidos, todo ello, conforme la reglamentación emitida por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA se encuentra facultada para:
- Solicitar informes, documentos, y todo otro elemento que estime útil, a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas —públicas o privadas— y que, en el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa, los Sujetos Obligados no podrán oponer a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA los secretos bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad (inciso 1.).
- Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones legalmente establecidas (inciso 4.).
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- Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para los Sujetos Obligados y establecer los procedimientos de Supervisión, Fiscalización e Inspección In Situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y de las resoluciones dictadas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
(inciso 7.).
- Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias
(inciso 8.).
- Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados, previa consulta con los Organismos específicos de Control; estableciéndose que estos últimos podrán dictar normas de procedimiento complementarias sin ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones (inciso 10.).
Que a los efectos de emitir la presente resolución esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA ha tenido especialmente en cuenta las 40 Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI) —aprobadas en el año 2003—, las 9 Recomendaciones Especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, como así también, otros antecedentes internacionales en materia de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
Que también se tuvo en consideración lo establecido en las Resoluciones UIF Nº 125/09
(Prevención de Financiación del Terrorismo); Nº 11/11 (Personas Expuestas Políticamente); Nº 50/11 (Registración de los Sujetos Obligados y, en su caso, de los Oficiales de Cumplimiento);
Nº 51/11 (Sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas “on line”); Nº 70/11 (Reporte Sistemático de Operaciones) y Nº 165/11 y Nº 220/11 (Procedimientos de Supervisión, Fiscalización e Inspección in Situ).
Que, asimismo, se han recibido presentaciones y mantenido diversas reuniones con
representantes de la FEDERACION INMOBILIARIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FIRA), de la CAMARA INMOBILIARIA ARGENTINA (CIA) y del COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILARIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CUCICBA), que fueron consideradas para el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 14 incisos 7. y 10., 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, previa consulta al Consejo Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Por ello, EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA RESUELVE:
Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento

Artículo 1º — Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
CAPITULO I. DEFINICIONES.
Art. 2º — A los efectos de la presente resolución se entenderá por:
a) Sujetos Obligados:
1. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados.
2. Las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.
b) Cliente: todas aquellas personas físicas o jurídicas a quienes el Sujeto Obligado preste servicios profesionales (quedan comprendidas en este concepto las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil y otros entes a los cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento de sujetos de derecho).
Cuando en una misma operación inmobiliaria participen como intermediarios dos o más Sujetos Obligados se considerará cliente a aquella/s persona/s física/s o jurídica/s en nombre o representación de la cual actúa cada uno de ellos. Cada Sujeto Obligado deberá cumplir las previsiones contenidas en la presente resolución, exclusivamente respecto de su cliente. En estos casos los Sujetos Obligados deberán identificar con la matrícula correspondiente al/a los restantes Sujetos Obligados que intervinieron en la operación.
No obstante ello, cuando en una misma operación inmobiliaria participen dos o más
intermediarios y alguno de ellos no sea Sujeto Obligado, aquél que sí lo sea deberá cumplir las disposiciones de la presente respecto de todas las persona/s física/s o jurídica/s que participen en la operación, aún cuando no actúe en representación de alguno de ellos.
c) Personas Expuestas Políticamente: se entiende por personas expuestas políticamente a las comprendidas en la Resolución UIF vigente en la materia.
d) Reportes Sistemáticos: son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en forma mensual mediante sistema “on line”, conforme a las obligaciones establecidas en los artículos 14 inciso 1. y 21 inciso a. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
e) Operaciones Inusuales: son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.
Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento
f) Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el Sujeto Obligado, las mismas no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, o cuando se verifiquen dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de Activos; o aún cuando tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la Financiación del Terrorismo.
g) Propietario/Beneficiario: se refiere a las personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.
CAPITULO II. POLITICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. INFORMACION DE LOS ARTICULOS 20 BIS, 21 Y 21 BIS DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS
.Art. 3º — Política de prevención. A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20 bis, 21 incisos a. y b. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Sujetos Obligados deberán adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de conformidad a la presente resolución.
La misma deberá contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos:
a) La elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la
prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad.
b) La designación de un Oficial de Cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto Nº 290/07 y modificatorio.
c) La implementación de auditorías periódicas.
d) La capacitación del propio Sujeto Obligado o del personal si se encuentra constituido como persona jurídica.
e) La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.
f) La implementación de herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional del Sujeto Obligado, que permitan establecer de manera eficaz los sistemas de control y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
g) La implementación de medidas que le permita al Sujeto Obligado consolidar
electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes, así como herramientas
tecnológicas tales como software, que posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.
Art. 4º — Manual de Procedimientos. El manual de procedimientos para la prevención del Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo deberá contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos:
a) Políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo adoptadas por el propio Sujeto Obligado o por la máxima autoridad si se encuentra constituido como persona jurídica.
b) Políticas coordinadas para el control y monitoreo.
c) Funciones de la auditoría y los procedimientos de control interno que se establezcan,
tendientes a evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
d) Funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento.
e) Plazos y términos en los cuales cada empleado debe cumplir, según las responsabilidades propias del cargo, con cada uno de los mecanismos de control y prevención.
f) Programa de capacitación.
g) Políticas y procedimientos de conservación de documentos.
h) Procedimiento a seguir para atender a los requerimientos de información efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y por el Oficial de Cumplimiento.
i) Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permitan detectar
operaciones inusuales y sospechosas, así como también el procedimiento para el reporte de las mismas.
j) Parámetros aplicados a los sistemas implementados de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
k) Desarrollo y descripción de otros mecanismos que el Sujeto Obligado considere conducentes para prevenir y detectar operaciones de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
l) Procedimientos de segmentación del mercado de acuerdo con la naturaleza específica de las operaciones, el perfil de los clientes, las características del mercado, las clases de producto o servicio, como así también cualquier otro criterio que a juicio del Sujeto Obligado resulte adecuado para generar señales de alerta cuando las operaciones de los clientes se aparten de los parámetros establecidos como normales.
m) El régimen sancionatorio para el personal del Sujeto Obligado en caso de incumplimiento de los procedimientos específicos contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en los términos previstos por la legislación laboral vigente.
Art. 5º — Disponibilidad del manual de procedimientos. El manual de procedimientos deberá estar siempre actualizado y disponible en todas las dependencias de los Sujetos Obligados para todos los empleados, considerando la naturaleza de las tareas que desarrollan y debiendo establecerse mecanismos que permitan constatar la recepción y lectura por parte de estos últimos. Asimismo deberán permanecer siempre a disposición de la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA.
Art. 6º — Designación del Oficial de Cumplimiento. Los Sujetos Obligados que se encuentren constituidos como personas jurídicas deberán designar un Oficial de Cumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en el Decreto Nº 290/07 y su modificatorio. El Oficial de Cumplimiento será responsable de velar por la Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos en virtud de esta resolución y de formalizar las presentaciones ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Deberá comunicarse a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA el nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, cargo en el órgano de administración, fecha de designación y número de C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.U.I.L. (código único de identificación laboral), los números de teléfono, fax, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo de dicho Oficial de Cumplimiento. Esta comunicación debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 50/11 (o la que en el futuro la complemente, modifique o sustituya) y además, por escrito en la sede de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA acompañándose toda la documentación de respaldo.
El Oficial de Cumplimiento deberá constituir domicilio, donde serán válidas todas las
notificaciones efectuadas. Una vez que haya cesado en el cargo deberá denunciar el domicilio real, el que deberá mantenerse actualizado durante el plazo de CINCO (5) años contados desde el cese.
Cualquier sustitución que se realice del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA dentro de los QUINCE (15) días de realizada, señalando las causas que dieron lugar al hecho, continuando la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento hasta la notificación de su sucesor a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
El Oficial de Cumplimiento debe gozar de absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que se le asignan, debiendo garantizársele acceso irrestricto a toda la información que requiera en cumplimiento de las mismas.
Los Sujetos Obligados podrán designar asimismo un Oficial de Cumplimiento suplente, quien desempeñará las funciones del titular en caso de ausencia, impedimento o licencia de este último. A estos fines deberán cumplirse los mismos requisitos y formalidades que para la designación del titular.
Los Sujetos Obligados deberán comunicar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, dentro de los CINCO (5) días de acaecidos los hechos mencionados en el párrafo precedente, la entrada en funciones del Oficial de Cumplimiento suplente, los motivos que la justifican y el plazo durante el cual se encontrará en funciones.
Art. 7º — Obligaciones del Oficial de Cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones:
a) Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por la máxima autoridad del Sujeto Obligado para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
b) Diseñar e implementar los procedimientos y controles necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
c) Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de procedimientos de entrenamiento y actualización continua en la materia para los empleados del Sujeto Obligado, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas.
d) Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones sospechosas.
e) Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo
establecido en la presente resolución.
Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento
f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas, que contenga e identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.
g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en ejercicio de sus facultades legales.
h) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
i) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación.
j) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org). En igual sentido deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.
k) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a los efectos de establecer medidas tendientes a prevenir, detectar y reportar toda operación que pueda estar vinculada a las mismas, como asimismo a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo que surja como resultado del desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan el anonimato y de los riesgos asociados a las relaciones comerciales u operaciones que no impliquen la presencia física de las partes.
Art. 8º — Deberá preverse un sistema de auditoría interna anual que tenga por objeto verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Los resultados que arrojen los procedimientos de auditoría aplicados deberán ser comunicados anualmente al Oficial de Cumplimiento. En el caso que este último detecte deficiencias en cuanto a la implementación y cumplimiento de las políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, deberá adoptar las medidas necesarias para corregirlas.
Art. 9º — Capacitación. Los Sujetos Obligados deberán desarrollar un programa de capacitación en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para el caso que se encuentren constituidos como personas jurídicas, el mismo deberá dirigirse a sus empleados.
El Programa de Capacitación deberá contemplar:
a) La difusión de la presente resolución y de sus modificaciones, así como la información sobre técnicas y métodos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas.
b) La adopción de un plan de capacitación.
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CAPITULO III. POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
INFORMACION DE LOS ARTICULOS 20 BIS, 21 Y 21 BIS DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Art. 10. — Política de Identificación. Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identificación y conocimiento del cliente, cuyos contenidos mínimos deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 20 bis, 21 inciso a. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el Decreto Nº 290/07 y modificatorio y la presente resolución.
Art. 11. — La política de “Conozca a su Cliente” será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo. Dicha relación debe basarse en el conocimiento de sus clientes, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución — según corresponda— con el propósito de evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
A esos efectos el Sujeto Obligado observará lo siguiente:
a) Antes de iniciar la relación comercial o contractual con el cliente deberá identificarlo, cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente, verificar que no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF vigente en la materia, y solicitar información sobre los servicios y/o productos requeridos y los motivos de su elección, todo ello conforme lo establecido en la presente.
b) Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.
Art. 12. — Datos a requerir a Personas Físicas:
I. En el caso que el cliente sea una persona física, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente, por lo menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellido completos.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Tipo y Número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de nrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte.
f) C.U.I.L. (código único de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder.
g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
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i) Declaración jurada indicando estado civil; profesión, oficio, industria o actividad principal que realice y volumen de ingresos/facturación anual.
j) Declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta
Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.
II. En el caso de personas físicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b) del artículo 11 de la presente resolución, se deberá requerir la información consignada en el apartado I precedente y la documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.
Art. 13. — Datos a requerir a Personas Jurídicas:
I. En el caso que el cliente sea una persona jurídica, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente, por lo menos, la siguiente información:
a) Denominación o Razón Social.
b) Fecha y número de inscripción registral.
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a Personas Jurídicas extranjeras en caso de corresponder.
d) Fecha del contrato o escritura de constitución.
e) Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
g) Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, actividad principal realizada y volumen de ingresos/facturación anual.
h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales,
apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo prescripto en el punto I del artículo 12 de la presente.
j) Titularidad del capital social (actualizada).
k) Identificación de los Propietarios/Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica.
II. En el caso de personas jurídicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b) del artículo 11 de la presente resolución se deberá requerir la información consignada en el apartado I precedente y la documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.
Art. 14. — Datos a requerir a Organismos Públicos. Los Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente, como mínimo, en el caso de organismos públicos:
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a) Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
b) Número y tipo de documento de identidad del funcionario, que deberá exhibir en original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica. Asimismo deberá informar su número de C.U.I.L. (código único de identificación laboral).
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria), domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se desempeña.
d) Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal).
Art. 15. — Datos a requerir de los Representantes. Al apoderado, tutor, curador o
representante legal deberá requerírsele la información prescripta en el punto I del artículo 12 de la presente y el correspondiente acta y/o poder, del cual se desprenda el carácter invocado, en copia debidamente certificada.
Art. 16. — UTES, agrupaciones y otros entes. Los mismos recaudos indicados para las personas jurídicas serán necesarios en los casos de uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcios de cooperación, asociaciones, fundaciones, fideicomisos y otros entes con o sin personería jurídica.
Art. 17. — Los Sujetos Obligados deberán:
a) En todos los casos adoptar medidas adicionales razonables, a fin de identificar la verdadera identidad de la persona (titular/cliente final o real) por cuenta de la cual actúa.
b) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente y verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas de conformidad con lo prescripto en la Resolución UIF vigente en la materia.
c) Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen personas de existencia ideal como un método para realizar sus operaciones.
d) Evitar operar con personas de existencia ideal que simulen desarrollar una actividad
comercial o una actividad sin fines de lucro.
e) En los casos de Fideicomisos identificar a los fiduciarios, fiduciantes, beneficiarios y
fideicomisarios, aplicándose los requisitos de identificación previstos en los artículos que anteceden. Deberá adicionalmente determinarse el origen de los bienes fideicomitidos y de los fondos de los beneficiarios.
f) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org).
En igual sentido, deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento cuales deben aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.
g) Al operar con otros Sujetos Obligados solicitar a los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
h) Prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones que se efectúen con dinero en efectivo.
Art. 18. — Política de Conocimiento del Cliente. La política de conocimiento del cliente debe incluir criterios, medidas y procedimientos que contemplen al menos:
a) La determinación del perfil de cada cliente, conforme lo establecido en el artículo 11 de la presente.
b) El seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes.
c) La identificación de operaciones que se apartan del perfil de cada cliente.
Art. 19. — Perfil del Cliente. Los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica,
patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, que justifique el origen
de los fondos involucrados en las operaciones que realiza.
También deberá tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.
Art. 20. — En caso de detectarse operaciones inusuales se deberá profundizar el análisis de las mismas con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s
inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la
documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma.
Art. 21. — Cuando a juicio del Sujeto Obligado se hubieran realizado o tentado operaciones sospechosas, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VI de la presente resolución.
Art. 22. — Indelegabilidad. Las obligaciones emergentes del presente Capítulo no podrán ser delegadas en terceras personas ajenas a los Sujetos Obligados.
CAPITULO IV. LEGAJO DEL CLIENTE. CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION.
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Art. 23. — Legajo del Cliente. El legajo del cliente deberá contener las constancias del
cumplimiento de los requisitos prescriptos en los artículos 10 a 16 (según corresponda) y en su caso 19, de la presente resolución.
Asimismo debe incluir todo dato intercambiado entre el cliente y el Sujeto Obligado, a través de medios físicos o electrónicos, y cualquier otra información o elemento que contribuya a reflejar el perfil del cliente o que el Sujeto Obligado considere necesario para el debido conocimiento del mismo.
Cuando el legajo del cliente sea requerido por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberán remitirse, junto con el mismo, las constancias que prueben el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente resolución.
Art. 24. — Conservación de la documentación. Conforme lo establecido por los artículos 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y su decreto reglamentario, los Sujetos Obligados deberán conservar y mantener a disposición de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, para que sirva como elemento de prueba en toda investigación en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y permita la reconstrucción de la operatoria, la siguiente documentación:
a) Respecto de la identificación y conocimiento del cliente, el legajo y toda la información complementaria que haya requerido, durante un período mínimo de DIEZ (10) años, contados desde la finalización de la operación.
b) Respecto de las transacciones u operaciones, los documentos originales o copias certificadas durante un período mínimo de DIEZ (10) años, contados desde la finalización de la operación.
c) El registro del análisis de las operaciones inusuales previsto en el artículo 20 de la presente resolución, deberá conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años, contados desde la finalización de la operación.
d) Los soportes informáticos relacionados con las operaciones deberán conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años contados desde la finalización de la operación a los efectos de la reconstrucción de la operatoria, debiendo el Sujeto Obligado garantizar la lectura y procesamiento de la información digital.
CAPITULO V. REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES.
Art. 25. — Los Sujetos Obligados deberán comunicar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA las informaciones que se prevean en la resolución UIF vigente en la materia.
CAPITULO VI. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
Art. 26. — Los Sujetos Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21, inciso b., y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
Deberán ser especialmente valoradas las siguientes circunstancias que se describen a mero título enunciativo:
a) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos.
b) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes.
c) Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad, hagan presumir que se trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección y/o reporte de las operaciones.
d) Cuando los clientes se nieguen a proporcionar datos o documentos requeridos por los
Sujetos Obligados o bien cuando se detecte que la información y/o documentación
suministrada por los mismos se encuentre alterada.
e) Cuando el cliente no dé cumplimiento a la presente resolución o a otras normas legales de aplicación a la materia.
f) Cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos
utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el Sujeto Obligado no cuente con una explicación.
g) Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o costos de las transacciones, incompatible con el perfil económico del mismo.
h) Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados “paraísos fiscales” o identificados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
i) Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas personas físicas revistieren el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las personas jurídicas estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad principal sea la operatoria “off shore”.
j) Cuando las partes intervinientes en la operatoria exhiban una inusual despreocupación sobre las características de la propiedad (por ejemplo, calidad, ubicación, fecha en la que se entregará, etc.) y/o muestren un fuerte interés en la realización de la transacción con rapidez, sin que exista causa justificada.
k) Cuando la compraventa se realice con una diferencia igual o superior al TREINTA (30) por ciento del valor de ofrecimiento de venta.
l) Cuando el Sujeto Obligado tenga conocimiento de que las operaciones son realizadas por personas implicadas en investigaciones o procesos judiciales por hechos que guardan relación con los delitos de enriquecimiento ilícito y/o Lavado de Activos.
m) Cuando se abonen grandes sumas de dinero en cláusulas de penalización sin que exista una justificación lógica del incumplimiento contractual.
n) Cuando se efectúen habitualmente transacciones que involucran fundaciones, asociaciones o cualquier otra entidad sin fines de lucro, que no se ajustan a su objeto social.
ñ) Precios excepcionalmente altos o bajos, con relación a los bienes objeto de la operación.
o) La tentativa de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas cuyos datos de Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento dentificación, Documento Nacional de Identidad, C.U.I.L (código único de identificación laboral) o C.U.I.T (clave única de identificación tributaria) no hayan podido ser validados, o no
se correspondan con el nombre y apellido o razón social de la persona involucrada en la
operatoria.
p) Cuando las operaciones se instrumenten únicamente bajo la forma de un contrato privado y no existan manifestaciones de las partes tendientes a cumplir con los trámites de inscripción y/o registración correspondientes.
q) La cancelación anticipada de hipotecas en un período inferior a los SEIS (6) meses y su reinscripción sobre el mismo bien, sin razón que lo justifique.
r) La inscripción, transferencia, cesión o constitución de derechos sobre bienes, a nombre de personas físicas o jurídicas con residencia en el extranjero, sin justificación.
s) Las operaciones de compraventa sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de UN (1) año, cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea igual o superior al TREINTA (30) por ciento del importe declarado.
t) Las sustituciones de deudores hipotecarios realizadas en un período inferior a los SEIS (6) meses de la respectiva inscripción, sin razón que la justifique.
u) Contratos de alquiler a parientes o personas vinculadas, por un monto superior al nivel de alquileres común.
v) Operaciones referidas a propiedades situadas en la Zona de Frontera para el Desarrollo y Zona de Seguridad de Fronteras establecidas por el Decreto Nº 887/94, independientemente de las personas involucradas y del monto de las mismas.
Art. 27. — El Reporte de Operaciones Sospechosas debe ser fundado y contener una
descripción de las circunstancias por las cuales se considera que la operación detenta tal
carácter.
Art. 28. — El Reporte de Operaciones Sospechosas deberá ajustarse a lo dispuesto en la
Resolución UIF Nº 51/11 (o la que en el futuro la complemente, modifique o sustituya).
Los Sujetos Obligados deberán conservar toda la documentación de respaldo, la que
permanecerá a disposición de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y será remitida dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de ser solicitada.
Art. 29. — Independencia de los Reportes. En el supuesto de que una operación de reporte sistemático sea considerada por el Sujeto Obligado como una operación sospechosa, éste deberá formular los reportes en forma independiente.
Art. 30. — Confidencialidad del Reporte. Los reportes de operaciones sospechosas, no podrán ser revelados ni al cliente ni a terceros conforme lo dispuesto en el artículo 21, inciso c., y 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Art. 31. — Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. El plazo Tributum - Resolución 16/2012-UIF. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento

LEY 25.246 DE LAVADO DE DINERO

Respuesta a Inquietudes de Afiliados sobre sus Obligaciones Informativas
Como ya es de todos conocido, la Ley de Lavado de Dinero crea la “Unidad de Información Financiera” (UIF), la que como organismo de aplicación, mediante diversas resoluciones con fuerza de ley (la última es la 16/2012, explicitada en nuestra Gacetilla de enero 30 ppdo.), nos exige información sobre determinadas operaciones inmobiliarias, allí indicadas, en las que intermediemos profesionalmente.
A raíz de ello, hemos recibido muchas inquietudes y comentarios de matriculados, canalizados a través de sus Colegios Departamentales, donde abundan las que nos peticionan una fuerte intervención del Colegio de la Provincia para dejar sin efecto estas obligaciones, o al menos reducirlas.
Al respecto, cabe recordarles que desde antes en el tiempo (primero con la AFIP, por el COTI y luego con la UIF), hemos tenido una permanente actividad en oposición a estas medidas, unas veces en soledad y otras en concordancia con organismos profesionales de nuestro sector e incluso escribanos y contadores.
Con preocupación y absoluta sinceridad, debemos expresarles nuestra impotencia para lograr excluirnos como sujetos informativos de la UIF, tropezando siempre con la argumentación irrefutable de que todo interés sectorial cede ante el interés social, protegido por la ley 25.246, adunado a que es además una obligación internacional controlada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que combate el lavado de dinero del terrorismo y el narcotráfico, y a la que todos países de la región, y por supuesto Argentina, adhieren. Por lo demás, el asesoramiento jurídico nos indica que nuestra suerte estaría sellada, en cuanto al rechazo en sede judicial de toda presentación en contrario, precisamente por esa circunstancia.
En su consecuencia, sólo nos queda acotar o flexibilizar nuestra intervención como informantes, para lo cual inmediatamente después de la vigencia de la Resolución 16/2012 de la UIF, solicitamos a sus autoridades una audiencia con la finalidad de hacerles saber nuestras inquietudes y propuestas para cumplir con la información que requieren con practicidad, evitando afecte innecesariamente nuestra actividad en el mercado inmobiliario. Independientemente de ello, si algún colegiado puede en lo personal, contar con vinculaciones que nos permitan dialogar con quienes tienen el poder de decisión, que pudiera modificar las normativas vigentes señaladas en la especie, mucho agradeceremos su colaboración, como un servicio a la colegiación toda.
Presidencia, 6 de febrero del 2012.
Mart. JOSÉ OSCAR IGLESIAS
Presidente

domingo, 5 de febrero de 2012

Préstamos para acceder a la vivienda

Financiación.
El Banco Provincia cuenta con dos líneas de créditos, que permiten financiar hasta el 100% de la vivienda; en 2011 se colocaron casi $ 1100 millones.
Ver comentarios:
En los últimos tiempos la vivienda propia parece un sueño al que no muchos pueden alcanzar. En parte sucede porque los valores de las propiedades están muy altas con relación a los salarios, de lo que surge cierta complicación para ofrecer líneas que satisfagan las necesidades de una gran franja de la demanda. A esto se suman los complejos requerimientos para suscribir esos créditos. En la actualidad, la mayoría de los bancos que proponen líneas de créditos son instituciones oficiales interesados en ofrecer alguna alternativa por lo menos a un sector de de la sociedad que todavía no logró adquirir su propiedad.
El Banco Provincia propone dos interesantes alternativas. "La primera línea de crédito hipotecario está destinada a sus clientes y llega hasta 240 meses de plazo, con un máximo a financiar del equivalente en pesos de 150.000 dólares, y se otorga a la tasa promedio de plazo fijo más cuatro puntos porcentuales. La entidad permite obtener financiación del hasta el 100% del valor de la vivienda", explicó Gustavo Marangoni, presidente de la institución. Y agregó: "Adicionalmente, para promover el arraigo en el interior y de acuerdo con las políticas de regionalización y descentralización que impulsa Daniel Scioli, el Banco Provincia ofrece la línea de créditos Hipotecarios 101, que está destinada a 101 municipios del interior bonaerense". Las condiciones de esta línea son preferenciales que cuentan con subsidio de tasa de interés (que reduce la misma a la mitad que una tasa promedio de mercado) y se otorga hasta el equivalente en pesos de 50.000 dólares. Por ejemplo, quien tenga un crédito de $100.000 deberá pagar una cuota mensual de $1270, mientras que en caso de haber recibido el doble de dinero la cuota ascenderá a $2500. Según el titular de la entidad, "durante 2011 el banco estuvo muy activo con su línea de crédito hipotecaria, lográndose colocar casi 1000 millones de pesos. Esto representó para el banco un aumento de su participación en el mercado de créditos hipotecarios, dado que muy pocas instituciones estuvieron activas en este segmento", dijo Marangoni.
La entidad, que cuenta con una morosidad que ronda el 1,8% de la cartera, prevé en el ejercicio 2012 que arroje resultados similares a los del año último. "Proyectamos monetizar un monto similar a 2011 conforme la situación del mercado financiero y disponibilidad de fondeo a bajas tasas de interés. De todas formas daremos mayor impulso a la línea Hipotecarios 101 Municipios a los fines de dinamizar la vivienda y actividad en el interior bonaerense, donde también existe un déficit habitacional respecto del acceso al techo propio, con valores de propiedades, terrenos y alquileres notoriamente elevados para las posibilidades de los ingresos de los asalariados de dichas localidades", concluyó Gustavo Marangoni..
Fuente: La Nación 4 de Febrero de 2012

Fideicomisos

Vigencia de una herramienta necesaria. Fideicomisos y un largo camino recorrido.
Análisis y beneficios de su aplicación que han contribuido a dinamizar el sector desde su implementación y que se mantiene firme pese a los momentos críticos.
En la Argentina, casi el 80% de los proyectos inmobiliarios se construye con la modalidad de fideicomiso en sus diferentes alternativas. Esta herramienta que alcanzó fuerte auge en los últimos años funciona muy bien a pesar de los cambios económicos, financieros e impositivos que se producen en el mercado. Con respecto a esto, en los últimos días se dieron a conocer algunas medidas que la AFIP tomaría en la puesta en práctica del plan antievasión III. Para Mario Gómez, director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios, "es importante señalar que el espíritu con que se promulgó la ley de fideicomisos no ha sido fomentar una nueva figura legal para darle un tratamiento impositivo más favorable a los negocios que se estructurarán a través de esta herramienta. El principal objetivo de la ley ha sido aportar un instrumento para proteger el patrimonio, con múltiples usos alternativos". Gómez afirma: "El principio de la realidad económica se define por la ley como el acto de descorrer el velo jurídico para determinar la verdadera intención de las partes. Esto es, cuál era la operación económica que deseaban efectivamente realizar.
Esta herramienta permite a la AFIP interpretar hechos e intenciones de los contribuyentes. Por otro lado existe una constante voracidad fiscal que impulsa que se dicten nuevas resoluciones para tratar de recaudar más. Han pasado cuatro años y el fideicomiso al costo se mantiene. Si bien está claro que desde el punto de vista impositivo no existen ventajas respecto de otras formas de estructuración jurídica, los inversores eligen esta figura para invertir en inmuebles en forma segura". Y agrega: "Muchos gobiernos que han comprendido la capacidad del sector inmobiliario para incrementar la actividad económica, combatir el desempleo y disminuir el déficit habitacional redujeron impuestos ligados a la industria inmobiliaria, en especial en las etapas expansivas del ciclo económico".
Por su parte, Jorge González, presidente de la desarrolladora Baresa, dice que hoy en plaza existen tres alternativas que son las más comunes para fideicomisos inmobiliarios. Los del costo desglosado es una resultante del costo del terreno a precio de plaza, los honorarios profesionales y de la cantidad de insumos y prestaciones afectados por el precio unitario de cada uno de estos insumos y prestaciones y cuyo riesgo empresario se traslada al adquirente de una unidad por ser a su vez fiduciante del fideicomiso. Este sistema es de difícil control por parte de los fiduciantes, y depende de la trayectoria del administrador fiduciario. En cambio, en el fideicomiso inmobiliario al costo con precio predeterminado, el riesgo se le traslada al adquirente o beneficiario de una unidad por ser también fiduciante. Pero su precio se determina en el momento de adquisición pagando una proporción en ese instante y luego los saldos se incrementan según una canasta de materiales y prestaciones, o por algún índice relacionado con la construcción. Con el primer pago el fiduciante beneficiario reconoce indirectamente el costo del terreno, los honorarios y gastos previos parciales o totales, y los siguientes pagos acompañan los incrementos del emprendimiento. En el fideicomiso inmobiliario un comprador adquiere una unidad por boleto, no es fiduciante del proyecto y el precio es fijo a partir del momento de adquisición. Los riesgos los asume el desarrollador y no se trasladan al fiduciante beneficiario.
El titular de Baresa explica: "Los fideicomisos son seguros para los compradores, pues todas las inversiones componen el patrimonio fideicomitido y cualquier situación personal que pueda poner en riesgo al proyecto no afecta su patrimonio. Los ingresos deben realizarse en una cuenta recaudadora que es manejada por el administrador fiduciario. El fideicomiso es una herramienta muy valiosa que protege al adquirente siempre y cuando no se le trasladen riesgos que debería asumir el desarrollador".
Por su parte, Gervasio Ruiz de Gopegui, gerente de New Fidu Desarrollos Inmobiliarios, explica: "El fideicomiso al costo presenta una ventaja respecto de la venta a precio fijo, ya que los aportes correspondientes a las cuotas de obra (entre un 60 y un 70% del costo total) se realizan en pesos, ajustándose por la efectiva evolución del costo. La venta a precio fijo -en general- se realiza en su totalidad en dólares". De Gopegui explica: "Con respecto a la nueva obligación de los corredores de conocer a su cliente y reportar a la UIF cualquier anomalía que pudieren percibir al respecto, ya las fiduciarias lo realizan para los fideicomisos que administran, por lo que en este caso no habría ningún cambio. En lo que se refiere a la tributación del impuesto a las ganancias -si lo hubiere- de los fideicomisos no hay cambio alguno porque de hecho ya tributan. Lo que sucede es que al tratarse de una obra al costo el resultado es neutro, ya que el espíritu del negocio no persigue una ganancia, sino un fin que es construir un inmueble. El principal cambio sería en la obligación de adjudicar la unidad a valor de mercado. Esta situación sería preocupante, ya que en un principio denota un total desconocimiento del agente fiscal de cómo es la esencia del negocio de la construcción al costo".
En tanto, Gustavo Llambías, director de Red Consulting & Management y a la vez actualmente vicepresidente de la AEV, comenta: "A mi juicio, tanto las medidas cambiarias como varios de los ajustes que se esperan para el año en curso complicarán los negocios en la Argentina, y los inmobiliarios no serán la excepción. No creo que la actividad entre en recesión, porque es una opción muy apreciada por el público en general, pero sufrirá por la merma en los stocks de fondos de libre disponibilidad que se dan como consecuencia directa de la probable baja de la actividad general". Y agrega: "La figura del fideicomiso como vehículo de inversión inmobiliaria es adecuada para la inversión por las ventajas que ofrece la creación de un patrimonio de afectación a un proyecto de desarrollo en particular. Esto es independiente del tratamiento fiscal del fideicomiso, que por otra parte es idéntico al de las sociedades anónimas. Desde que la figura del fideicomiso se incorporó al derecho argentino, hace 17 años, la AFIP dictó normas e interpretaciones fiscales para los distintos negocios en los que la estructura se aplica. En la medida en que se cumpla con la ley, tanto de parte de los desarrolladores y organizadores de los fideicomisos -que muchas la infringen por interés o desconocimiento- como de parte de la AFIP -cuyo afán recaudatorio plantea a veces interpretaciones reñidas con el espíritu de la ley-, las ventajas del fideicomiso se mantendrán". Por su parte, Sergio Bernasconi, gerente de consultoría de Toribio Achával, considera: "En los negocios al costo, la principal ventaja es que se adquieren unidades a valores por debajo de los de mercado ya que el costo no incluye el beneficio empresario. En este formato, el precio de venta está compuesto por el precio del terreno, los honorarios profesionales vinculados al proyecto, los materiales y la mano de obra de construcción". Los fiduciantes cuando ingresan al proyecto desembolsan un aporte inicial y luego el saldo en mensualidades que acompañan el avance de las obras. La financiación es de corto plazo ya que la mayoría de los proyectos demora entre 24 y 36 meses como máximo. Las unidades de uno y dos ambientes son las preferidas de los inversores. Entre las ventajas figura la forma de pago en la que el capital requerido se aporta en cuotas, y que al final del proyecto los fiduciantes son propietarios de una unidad a estrenar por la que pagaron un precio que coincide con el valor de mercado de una unidad similar, pero usada".. Fuente: Por Juan Fernández Mugica | Para LA NACION
Sábado 4 de febrero de 2012

Mercado 2012, precios estables, al menos por ahora

Precios estables, al menos por ahora.
La prolongada tranquilidad de enero no es una novedad para el sector. Por ahora movimiento lento, mientras los que ya volvieron de sus vacaciones se reúnen con inversores y organizan los proyectos. En estos días la gente común, que de hecho también puede convertirse en pequeño inversor, pregunta en la calle: ¿los precios de las propiedades se mantendrán? No parece que existan razones para que se modifiquen de manera negativa o positiva los valores, mientras este escenario permanezca sin grandes cambios.
Como en las crisis pasadas o tiempos más complicados para la economía y obviamente para el sector, la demanda tiene la palabra frente a una oferta variada tanto de usados como a estrenar, aunque a la vista se advierte que han disminuido la cantidad de obras y las que están en ejecución en distintos barrios -en general- no cuentan con grandes volúmenes. Son emprendimientos más chicos, un poco más austeros y a veces con detalles de calidad cuestionables. Es cierto que afrontar los riesgos de una obra no es tarea sencilla porque los números mandan y que hay que reconocer que, por ejemplo, si se trata de un fideicomiso, hay que reunir a los inversores para armar el negocio y esperar los resultados. A propósito de esta figura sustituta de la financiación hipotecaria, se plantea un interrogante: ¿qué pasará si deben tributar ganancias quienes participen del fideicomiso? ¿No significará afrontar aún más gastos y achicar los dividendos de esa inversión?
Con relación a las oficinas es evidente que este segmento también se mantiene expectante a la espera de las decisiones de las empresas. La oferta existente cuenta con miles de m2 que se sumarán a los que ya se incorporaron durante 2011 en distintos tramos urbanos de un lado y del otro de la Capital, donde las opciones se multiplican. ¿Qué decisiones tomarán las empresas? Las mudanzas suelen tener costos altos y tendrá que evaluarse minuciosamente si conviene o no encarar un cambio tan importante en función de los resultados que se esperan según el rubro. Se sabe que especialmente este segmento está atado a los vaivenes económicos y por ende a la posibilidad de crecimiento de las empresas. El mundo globalizado plantea grandes incertidumbres y la crisis europea es una preocupación para muchos países, menos los asiáticos, que por su parte parecen decididos a continuar con su expansión.
¿Qué sucederá en 2012 con la evolución de América latina, que con tanto potencial no parece despegar como se espera?...
Fuente: Por Adriana Anzillotti | LA NACION | Sábado 28 de enero de 2012

viernes, 3 de febrero de 2012

Mercado Inmobiliario 2012. Tendencia

Departamentos chicos
Variantes de una inversión confiable
El mercado presenta una nueva realidad: grupos de inversores que buscan adquirir unidades monoambientes y de un dormitorio, con valores entre 47.000 y 95.000 dólares, que luego las ofrecen para alquiler temporario os ladrillos, tras un rápido repaso por nuestra historia no tan reciente, resultan la inversión más segura del mercado. Por eso mucha gente día tras día los eligen no sólo como refugio de capital sino también como herramienta para obtener ganancias. 
Muy por el contrario de lo que el público imagina la compra de propiedades como forma de capitalización no sólo es una potestad de la demanda de alto poder adquisitivo. En los últimos tiempos es más frecuente observar grupos de jóvenes inversores de clase media que reúnen fondos para adquirir en forma conjunta un inmueble. Según Mario Gómez, director Le Bleu Negocios Inmobiliarios, en la actualidad la mayoría de los inversores medianos se inclina hacia el Real Estate. "Es interesante ver que más de dos tercios del mercado que activamente está buscando alternativas de inversión se dirige a inmuebles chicos, con un precio menor a los 100.000 dólares. 
Esto no ha resultado indiferente a la oferta. Por lo tanto, los desarrolladores inmobiliarios observando este fenómeno se volcaron producir unidades orientadas a satisfacer este requerimiento", dijo el broker. En los últimos tiempos muchos de los desarrollos intentaron dar respuestas a esta necesidad conformando un nuevo escenario donde grupos de jóvenes inversores se animan a adquirir un inmueble con el fin de obtener una determinada rentabilidad. "Con Espacio Pringles buscamos apuntar a otro tipo de público; personas que buscan su primera inversión o por ejemplo un grupo de jóvenes emprendedores (entre 25 y 35 años) que se juntan para encarar una inversión y luego obtener rédito por alquilar la unidad o para revalorizarla. Notamos que aún hay pocos desarrollos en el mercado pensados para este público y que nuestro proyecto viene a satisfacer esa demanda que está atenta a la oferta de unidades entre 47.000 y 80.000 dólares. Además, para ese target contamos con una herramienta fundamental: las facilidades de pagos que proponen 15.000 dólares al momento de la firma del boleto y el resto en 30 cuotas de 900 dólares", comentó Martín Prubner, director general de la desarrolladora Bapesa, que construye el edificio Espacio Pringles. Para Gómez, uno de los mayores desafíos de los desarrolladores es llegar a la clase media con nuevos y más accesibles proyectos. 
"La idea de construir propiedades que se comercialicen a valores que no superen los 100.000 dólares orientado a un sector con deseos de invertir sus ahorros (dinero en el colchón, venta de propiedades familiares y herencias, entre otros) o posibilidades de destinar una cierta parte de sus ingresos mensuales a la inversión. Teniendo en cuenta estos factores, hay que generar desarrollos inmobiliarios accesibles. Hoy se puede acceder a un departamento colocando entre 25.000 y 35.000 dólares iniciales y cuotas mensuales entre 1500 y 3000 dólares. Evidentemente no son obras para una clase media que depende del crédito pero significa no trabajar exclusivamente para la cima de la pirámide socioeconómica constituido por el segmento ABC1 al que se orientan los proyectos de Puerto Madero o Punta del Este", dijo Gómez. 
Y sobre el tema, Prubner agregó: "Los desarrolladores están observando otros sectores ya que hasta el momento la mayoría del público no tenía acceso a los departamentos de pozo por sus altos costos (tanto para pagar al boleto como el monto de las cuotas)". Carlos Puente, titular de la firma inmobiliaria Puente Propiedades, aporta otro enfoque sobre el tema. "Para bajar los costos buscan para sus propuestas inmobiliarias zonas alternativas (Almagro, Caballito Norte, Villa Crespo, Villa Urquiza, etc.), dejando de lado lugares donde los precios de la tierra son altos, impulsando así nuevos barrios del sur y el oeste de la Capital Federal." Valores promedio Según Puente los valores promedio para este tipo de unidades, los más solicitadas del mercado, cotizan entre 70.000 y 95.000 dólares. Uno de los motivos de la gran demanda de las unidades chicas es la potencialidad comercial que proponen, ya que al adquirir un inmueble se presentan múltiples operaciones de negocios. 
"Las rentabilidades que ofrece un departamento dependen de si se trata de un proyecto urbano o suburbano y de si la inversión es al costo o a precio fijo. En definitiva, la lógica que se sigue es el principio de que a mayor riesgo asumido, mayor rentabilidad esperada. En un proyecto suburbano al costo, las utilidades punta a punta (desde el comienzo de la obra hasta la entrega de la unidad), esperadas se ubican cercanas al 50%. En un proyecto a precio fijo, urbano, se espera entre un 10 y 15% anual. Estos beneficios económicos esperados superan ampliamente al 5% anual promedio que rinde la inversión de renta (comprar un departamento y alquilarlo)", afirmó Gómez.
El mercado actual propone una gran cantidad de propuestas para aquellos que buscan maximizar el negocio, en el caso de Espacio Pringles ofrece un retorno aún mayor. "El complejo ofrece un rendimiento del 15% anual (revalorización que tiene la propiedad mientras avanza la obra) totalizando un 40% de retorno al finalizar el proyecto. Es decir, que si alguien compra hoy a 100 lo puede vender en un año a 115 o esperar a que se termine la obra y venderlo a 110", amplió Prubner. Más sobre el tema de alquiler, explicó Puente: "Cuando se habla de volcar al mercado locativo este tipo de unidades, la renta que obtiene el propietario ronda el 5% y 6% anual. Hay que destacar que, en barrios como Villa Urquiza, el locador aprecia al buen locatario y esto sin duda se tiene en cuenta cuando se negocia el valor locativo". 
Actualmente, cada vez son más los propietarios que optan por ofrecer en alquiler temporario sus departamentos. "Estos promedian entre 12 y 15%, pero depende de la propiedad; algunas incluso superan ese número. El único requisito de la unidad de alquiler temporario es que tiene que estar totalmente amoblada y equipada para recibir huéspedes que pueden alojarse desde 3 días hasta periodos anuales", afirmó Guido Cabrosi, gerente comercial de Baires Apartments, firma especializada en el tema. Otros motivos Pero las estadísticas que aportan los distintos especialistas revelan que éste no es sólo un fenómeno financiero, ya que la demanda de unidades pequeñas (monoambientes y de un dormitorio) son las tipologías más buscadas por múltiples motivos. 
Tal vez, una de las más sorprendentes sea que en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires, casi un 30% de los hogares están habitados por una sola persona. Es decir que la construcción de departamentos chicos no sólo está impulsada por la búsqueda de los inversores sino que también obedece a un crecimiento genuino de la demanda de estas unidades. "Al que tiene hasta 60.000 dólares (un 40% del mercado) se le pueden ofrecer departamentos a estrenar localizados en zonas de la ciudad que están en crecimiento: hoy se pueden encontrar en barrios como Saavedra o Villa del Parque departamentos nuevos a menos de 60.000 dólares. Son unidades compactas desarrolladas en un ambiente único, aptas tanto para inversores como para usuarios finales", añadió Gómez. 
A modo de síntesis, los especialistas consultados coincidieron en que la clave "es desterrar el mito de que comprar una propiedad es cuestión de gente de alto poder adquisitivo. Sólo es cuestión de informarse y buscar la oportunidad", concluyen.. 30% poco menos de un tercio de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires las ocupan un solo residente; aquel que disponga de 60.000 dólares cuenta con una oferta que representa un 40% del mercado residencial. 
Fuente: La Nación, sábado 28 de Enero
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